162 catedráticos exigen paralizar la regulación de la eutanasia

(Ref periodistadigital.com)

Por José María Arévalo

(Instalaciones de la UCI del Río Hortega de Valladolid)

La pandemia que seguimos sin superar ha puesto de relieve el deber que todos tenemos de cuidar de nuestros mayores y nuestros enfermos graves, y de velar, sin restricción alguna, por su vida, y sin embargo, mientras luchamos por ello, en las Cortes se sigue tramitando poder acabar con su vida, es decir favorecer justo lo contrario, lo que representa la ley de la eutanasia. Así que entiendo muy bien la noticia de estos días de que 162 catedráticos de Derecho exigen paralizar la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. Esta insistencia de blindar la muerte por parte de la izquierda, no tiene ningún sentido y menos cuando la principal preocupación del país es salvaguardar la vida. Así lo han entendido los firmantes de esta declaración. Vamos a verlo.

La declaración ha sido impulsada por el departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid y firmado por más de un centenar de catedráticos y profesores de Derecho, concretamente 162, que empezaron por publicar el pasado día 7 de octubre una declaración firmada exigiendo que se paralice rotundamente la proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.

El primer firmante es el Catedrático Emérito de la Universidad de Valladolid, José Luis Martínez López-Muñiz, que asegura ser quien comenzó a formar el grupo que elaboró la declaración. Asimismo, declara que los motivos son «evidentemente» jurídicos y se denomina libre de ideologías y de adscripciones políticas.

Amenaza a la seguridad de los mayores

Afirman que la Proposición «constituye una grave amenaza a la seguridad de los más mayores y enfermos de nuestra sociedad, y es contraria a la dignidad de la persona humana y a los derechos más fundamentales que le son inherentes, garantizados por la Constitución y el Derecho internacional de los derechos humanos como base irrenunciable de nuestra civilización».

Añaden que la pandemia ha demostrado que se debería proteger a los más vulnerables y afectados por esta Proposición. «Lo ocurrido en los meses transcurridos de la actual pandemia ha evidenciado aún más especialmente el deber de volcar más bien el mayor empeño en el cuidado y atención de los mayores y enfermos graves, y de velar, sin restricción alguna, por su vida», aseveran en el comunicado.

La declaración se refiere a la publicación del 31 de enero de 2020 del Boletín Oficial de las Cortes Generales. Allí se informaba de una Proposición de Ley Orgánica para regular la eutanasia y cuyo objeto es «el derecho que corresponde a toda persona, que cumpla las condiciones exigidas, a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse». Esta Proposición fue tomada en consideración el 17 de febrero de 2020 por el Pleno del Congreso de los Diputados y se envió para su tramitación a su Comisión de Justicia. El plazo de enmiendas se ha alargado hasta el 2 de septiembre de 2020. Actualmente continúa su tramitación.

La eutanasia afecta a todos

Todos los intentos de legislar sobre la eutanasia han sido precedidos por campañas en torno a un caso más llamativo, pero al final, como titulaba Aceprensa uno de sus artículos el pasado 24 de agosto, “El apoyo a la eutanasia desciende cuando el asunto se piensa más despacio”.

La eutanasia no es una decisión individual que afectaría solo al enfermo que la pide. Como destaca un reciente artículo de Luis Miguel Pastor, editor de Cuadernos de Bioética, en un número de la revista dedicado a “Morir con dignidad y eutanasia”, y que reproduce Aceprensa –de donde lo tomamos- su legalización es algo que repercute en las relaciones entre enfermo y familiares, en la ética de los profesionales sanitarios y en la consideración social del respeto a la vida humana.

Explica en este artículo que lo que clásicamente denominamos eutanasia voluntaria es aquel acto –sea activo o de omisión– que lleva a la muerte, realizado por personal sanitario dentro de la fase final de una enfermedad. Esta se produce por una petición del propio enfermo, pues su sufrimiento es vivido como insoportable y este lo plantea como huida o salida de él.

Sus partidarios suelen plantear que la eutanasia solo se debe aplicar a petición del paciente en casos especiales y con determinadas garantías que impidan los abusos. La razón de fondo aducida sería de tipo humanitario, pues son conscientes de que podría aplicarse a personas que realmente no lo desean plenamente, o que su competencia al consentir está muy deteriorada, o que fueran empujadas a ello. Se trataría de no hacer sufrir a una persona más allá de sus posibilidades, evitarle sufrimientos que son considerados innecesarios y aceptar en una situación límite la opción eutanásica. (…)

Con respecto a los responsables públicos, la aceptación legal de esta práctica supondría su despenalización, basándose en que el interés general se salvaguardaría con una serie de requisitos o garantías que evitarían que tal práctica pudiera expandirse y afectar al bien de la vida humana en la entera sociedad. También esos límites impedirían posibles abusos de terceros y regularían el riesgo de que pudiera incrementarse el poder de los sanitarios sobre la vida humana.

Eliminar el dolor, no al enfermo

Ante la primera situación considera “que nunca hay motivo que justifique la directa eliminación de un ser humano. El interés general de la sociedad exige que ningún ciudadano pueda cooperar o ejecutar la eliminación de otro, menos aún los profesionales sanitarios. Ni el dolor ni la ausencia de ninguna otra cualidad inherente a la persona anulan su dignidad”, en cuanto no se puede admitir excepciones al principio “no matarás al inocente”.

Nunca es lícito para conseguir un bien hacer el mal, o lo que es lo mismo, que el fin justifique los medios. Ni las circunstancias de sufrimiento, ni la intención última de eliminarlo, ni el propio consentimiento del paciente, que demanda la eutanasia, cambian sustancialmente la acción de elegir la muerte de un ser humano provocándola o colaborando con ella. La actitud pues de la propia persona y especialmente de los que le atienden debe dirigirse hacia otras soluciones en cuanto hay que “eliminar el dolor y el sufrimiento, no a la persona con dolor y sufrimiento.”

“Las pocas peticiones eutanásicas que se pueden dar terminan cuando los pacientes reciben tratamiento paliativo adecuado… Lo que piden los enfermos es ser valorados, seguridad ante la incertidumbre de la muerte, ser tratados y cuidados profesionalmente”, “hacer caso” a las intimas necesidades de un ser humano en ese periodo de su vida, con cariño y profesionalidad.

Desvalorización social de la vida

Pero la cuestión de la eutanasia tiene un componente sociopolítico muy importante. (…) Su perspectiva ética a la hora de tomar decisiones, no solo mira a un bien individual o al que surge de una relación profesional, sino que atiende al conjunto de todas las personas que constituyen la sociedad. Permitir que en una sociedad uno de sus miembros pueda matar a otro bajo cierta excepcionalidad supone una ruptura importante del tejido social. “Si en alguna circunstancia se admite que alguien pueda disponer la vida de una persona, implícitamente se está afirmando que la vida humana no es inviolable o incondicional y por lo tanto se acepta que hay vidas humanas que merecen no ser vividas.” (…)

Legitimar legalmente la anticipación de la muerte para algunos puede ser considerado un avance en su libertad individual, pero no es menos cierto que esa pretendida libertad de elección para ellos, se convertiría para otros en una fuerte presión. Socialmente, el paradigma del respeto de la vida humana habría cambiado y, de ser considerada siempre la vida de la persona como algo inviolable, se pasaría a que cada uno tendría que justificar ante los demás su decisión de seguir viviendo hasta su fin natural. Dudas, que son habituales en estas situaciones, como considerar que uno puede ser un peso psicológico, moral o un gasto para los familiares o la sociedad, se agravarían, en cuanto que la responsabilidad de seguir viviendo caería solo en manos de los pacientes.

Una sutil incitación

Junto a esto, no habría que pasar por alto la posibilidad de una sutil incitación por parte del entorno para que el enfermo se decantara por una elección eutanásica. Esto supondría una violencia moral que en muchas ocasiones estaría basada en un chantaje de carácter emocional. Ante esto, no está tan claro que para el interés general de una sociedad legalizar la eutanasia suponga incrementar la libertad de los ciudadanos. Aceptar excepciones al “no matarás” tiende por su dinámica a que estas se extiendan y a ir afianzando una infravaloración en la sociedad de los más vulnerables y desfavorecidos.

(…) Por último, aunque fuera un estadio final, no hay que obviar la posibilidad de que se llegara a considerar como un buen acto ciudadano la iniciativa del médico o la familia que decidiera realizar una eutanasia sobre sujetos que no pueden decidir. Se habría entonces producido una inversión o deformación de la beneficencia, por la que se eliminaría a un paciente en base a criterios subjetivos de terceros, que juzgarían la capacidad del otro de ser feliz, o de que su vida merezca ser vivida al no estar a la altura de la dignidad humana por ellos concebida. (…)

La posible participación de los profesionales sanitarios en actos eutanásicos ocasionaría como consecuencia principal “un fenómeno corrosivo de su ethos y de la relación sanitario-paciente que implicaría una desnaturalización de ellos: un atentado a la integridad ética de los profesionales sanitarios y a la confianza como fundamento de la relación médico-paciente. El acostumbramiento social y el activismo proeutanásico terminarían por convencer a los profesionales y familiares de que matar por lástima o a petición del enfermo es una alternativa terapéutica tan eficaz que no se puede rechazar. A pesar de las salvaguardas que para la eutanasia existen en algunos países, hay datos que indican que estas son ineficaces, ya que la eutanasia voluntaria da lugar a un incremento de la no consentida”.

Suicidio asistido

Una segunda situación es la del sujeto humano aquejado de alguna enfermedad, crónica, física o psíquica, aunque no se encuentre en la fase final de la misma o de los que tienen enfermedades mortales a corto plazo, en las que el paciente solicita voluntariamente una ayuda o cooperación para morir: suicidio asistido o cooperación al suicidio. (…).

Sus partidarios consideran que tanto la eutanasia como el propio suicidio asistido son lícitos en el plano ético, pues son una manifestación de la dignidad del hombre, la cual radica en su libertad de elección. La persona competente puede decidir sobre la disposición de la vida hasta el extremo de eliminarla directamente con la ayuda de terceros o solicitando que otros lo hagan. (…) Para el enfermo el acto quedaría justificado como ejercicio de un derecho, para el profesional sería un deber ayudar a que este sea efectivo, y los poderes públicos deberían simplemente regular tal derecho, asegurándose de la competencia del enfermo y de facilitar los medios para realizarlo (…).

Es cierto que la sociedad solo debe legislar sobre los comportamientos de las personas que tengan un impacto en la comunidad, pero no es menos cierto que la eufemísticamente denominada muerte médicamente asistida sí que los tiene. (…) Sin darnos cuenta, se produciría una alteración importante al aceptar que es de interés social una auto-disposición del propio cuerpo, hasta llegar a su propia destrucción, si uno libremente lo desea. Habríamos aceptado todo un mensaje que lleva implícito tal acción: si mi vida, que está bajo mi custodia y además, teóricamente, soy yo el más interesado en conservarla, la elimino, ¿por qué no lo harán otros, por diversos motivos de índole común? (…)

Hay datos que indican que legalización de la eutanasia voluntaria da lugar a un incremento de la no consentida

Desde el punto de vista ético del profesional sanitario, la aceptación social de que la autodestrucción fuera un bien (…) violaría directamente su conciencia y condicionaría drásticamente la libertad en su práctica profesional. Se ejercería sobre el profesional una fuerte presión y se consumaría la tendencia actual a que estos se limiten solo a satisfacer las demandas de los pacientes.

Es lógico que se pueda comprender el posicionamiento eutanásico de algunos, al valorar sus circunstancias personales, pero esto no puede doblegar la intuición natural de tantos que están o no en similar situación, y que captan que elegir la muerte no es una opción entre muchas, sino el modo de suprimir todas las opciones. (…) Y que, como indica la Asociación Médica Mundial, reconocen que “la eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la ética” (Declaración aprobada en la 70ª Asamblea General de la World Medical Association, Tbilisi (Georgia), octubre 2019).

Bienvenida la demanda de paralizar la eutanasia en trámite

En fin, a mi no me cabe la menor duda de lo negativo de esta regulación, no solo en época de pandemia sino siempre. Las informaciones que me llegan de los países en que se ha avanzado en la regulación de la eutanasia como derecho, con el miedo de los mayores a ser maltratados y postergados si no hay medios suficientes para todos, y la consiguiente desconfianza en los profesionales médicos, y el aumento de muertes por supuesto suicidio asistido, no me dejan la menor duda. Es una barbaridad, así que me ha dado una gran alegría esta noticia de la demanda de 167 catedráticos de paralizar la eutanasia en trámite. Bienvenida, y muchas gracias, profesores firmantes y especialmente al profesor Martínez López-Muñiz que la ha iniciado.

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