EL «DERECHO A MORIR»: INJUSTO Y ANTIMÉDICO

(Ref lasprovincias.es)

El Tribunal Constitucional Italiano ha sentenciado que no se reconocerá el derecho a morir en la reforma de su código penal. La expresión «derecho a morir» carece de fundamento jurídico por considerarse una contradicción en sí misma ya que todo derecho humano siempre ha de tener como objeto algo bueno que busque salvaguardar los bienes de las personas. Los que hablan de derecho a la muerte usan una acepción no jurídica del derecho, saliéndose de cualquier definición posible de este. Es la misma subjetividad jurídica en la que se tropieza cuando alguien reclama el derecho a la felicidad o al propio cuerpo. Se trata de nuevas acepciones del derecho que se prestan a cualquier fin justificadas en las más variadas aspiraciones individuales.

No tiene sentido legitimar jurídicamente la libertad de un acto como la muerte para a continuación autonegarse la propia libertad, anulando el presupuesto de la autonomía. De ningún modo el derecho a ser muerto aumenta mis opciones de libertad sobre mi vida, sino que hace justamente lo contrario: eliminar totalmente mi autonomía sobre ella. Fundamentar el derecho a la muerte en la libre autodeterminación denota una dificultad lógica insuperable que convierte ese derecho en una aporía jurídica. Lo que tiene sentido para constituirse en derecho es la exigencia de un bien humano básico que esté amenazado. Por otra parte, resulta una contradicción jurídica defender la autonomía del paciente y a la vez anularla imponiendo la muerte a enfermos incapaces de expresar libremente su decisión como ya sucede en no pocos casos.

Nunca debería constituir un bien, y por tanto materia de derecho, quitarle la vida a otro o ayudarle a que muera, exigir la muerte de una persona causada por otra, en este caso por un médico. Resulta insostenible regular un derecho para cometer un mal, un daño, algo objetivamente opuesto al bien como sería el convertir la muerte en un bien jurídico. La muerte nunca podrá ser digna y por tanto objeto de derecho si esa muerte es provocada directamente por otro o por sí mismo. Distinto es que la muerte advenga de modo natural. De hecho, la misión del Estado se manifiesta en protegernos de acciones malas que vulneran los derechos fundamentales y amenazan nuestra vida. Su deber consiste en ordenar derechos que generen posibilidades de una vida mejor para las personas, buscando garantizar la vida y la salud de sus ciudadanos más frágiles.

Por estos motivos es por lo que nos resulta encomiable que el Ministerio de Sanidad esté desarrollando una Estrategia Nacional de Salud Mental para prevenir el suicidio en España, primera causa de muerte externa. Y hasta tal punto es responsable y solidario el Estado con esta grave situación que, simultáneamente a esas medidas antisuicido, vela por la pronta recuperación hospitalaria de aquellos suicidas fallidos que han quedado malheridos física y psíquicamente. Partiendo de este buen ejemplo ¿no resulta una suerte de esquizofrenia que a la vez que el Estado previene el suicidio juvenil, se plantee ahora legislar el derecho a morir de ancianos gravemente enfermos por no disponer aún de equipos de cuidados paliativos que permitirían morir sin sufrir? El Estado pretende resolver su dejación de deberes con estos enfermos generando la salida de un nuevo derecho que les permita exigir su muerte cuando sufran por un dolor no paliado. No parece que todos los frágiles tengan la misma consideración jurídica de protección para el Estado, porque para los enfermos graves lo que se garantizaría no sería su cuidado sino paradójicamente su muerte a través de un derecho que aseguran ejercerían autónomamente. Como ya se ha comprobado en los poquísimos países donde está legalizada la eutanasia y el suicidio asistido, la normalización social de ese derecho representaría una carga psicológica para todos aquellos que enfermaran gravemente, sintiéndose culpables de causar sufrimientos si decidieran no ejercerlo. Por tanto, deberán justificar ante los demás la libre decisión de querer seguir viviendo hasta su fin natural, cuando lo normal dada la situación hubiera sido preferir morir y abandonar este mundo. Recaería sobre ellos una irresponsabilidad social ya que, teniendo la posibilidad de ejercer un derecho no lo hicieron, obligando entonces a los demás a tener que pagar sus consecuencias (atención, tiempo y dinero). Ante esta situación, muchos enfermos acabarían solicitando la eutanasia más por la presión legal y social -chantaje emocional-, conmutándose el derecho a morir por un cruel deber moral de ser muerto, quedando anulada su autonomía que otros habrían pervertido para su beneficio. El derecho y los médicos se pondrían al servicio de una tiranía social lanzando el siguiente mensaje: «queridos enfermos, os legislamos y os aprobamos un derecho a la muerte, para que luego debidamente presionados nos pidáis a nosotros los médicos practicaros la eutanasia o el suicidio asistido y así dejéis de causar molestias y sufrir. Pero que conste que sois vosotros los que libremente tomáis la decisión de hacerlo. No os obligamos a morir si no queréis, pero por el interés general convendría que eligierais morir».

Si finalmente se procediera de este modo, convertir la propia muerte en un derecho no significaría darles más libertad a los enfermos sino dejarlos todavía más abandonados, en una vulnerabilidad más extrema. Jurídicamente quedarían desprotegidos porque su voluntariedad sobre la decisión de morir estaría condicionada abusándose de su libertad autónoma. En ellos, el derecho a morir se convertiría en el derecho a ordenar su muerte, pero por una potestad ajena a la suya. Por contrapartida, al convertir la muerte en un derecho, surgiría un deber jurídico ineludible para el personal sanitario: el deber de matar. Los médicos estarían jurídicamente obligados a causar la muerte a sus pacientes si estos se lo pidieran, asumiendo un nuevo poder de administradores de la muerte sin ser penalizados por ello. Se produciría un cambio de paradigma en la milenaria deontología y ética médica de gravísimas consecuencias.

No nos equivoquemos de derecho: morir indignamente no consiste es que no me permitan morirme cuando yo quiera y donde quiera, sino en morirme sufriendo sin haber recibido el soporte de los cuidados paliativos a los que sí que tengo derecho.

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