Como madre no me callo, ¿tú qué vas a hacer?

¿Se han fijado en cómo se acelera la maquinaria propagandística del Estado cuando se acercan las urnas? A las puertas de las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre, el Gobierno de coalición ha decidido quemar todas sus naves ideológicas.

Fuente: ReligionenLibertad.com   

En plena precampaña, si uno camina por nuestras calles y analiza las pantallas y marquesinas de las ciudades, notará que hay una expresión que se repite como un mantra absoluto: «eliminar barreras». Suena bien, evoca progreso, modernidad y la falsa promesa de derribar muros. Sin embargo, en los laboratorios de la comunicación política masiva, este concepto no es más que el caballo de Troya perfecto para colar reformas de un profundo calado ideológico, camuflando el riesgo real tras un lenguaje narcotizante.

El último y más alarmante ejemplo de esta estrategia lo está protagonizando el Ministerio de Sanidad. Bajo el pretexto electoralista de «eliminar barreras de acceso», el departamento liderado por Mónica García ha anunciado una reforma exprés para impulsar la incorporación del aborto farmacológico en la cartera de servicios de la Atención Primaria, permitiendo que este procedimiento se despache directamente en los centros de salud de barrio. El objetivo manifiesto, según el discurso oficial, es facilitar el acceso «sin demoras». Traducido a la cruda realidad médica y social: despachar un drama humano e irreversible con una caja de pastillas entregada en una consulta ambulatoria de urgencia, despojando por completo a la mujer de las máximas garantías médicas, sanitarias y psicológicas del entorno hospitalario.

El código lingüístico del progresismo: un corta y pega electoral

Para entender la gravedad de lo que está ocurriendo, es necesario desenmascarar el manual de instrucciones del bloque gubernamental ante la cita electoral del 29 de noviembre. El uso del término «eliminar barreras» obedece a un código lingüístico minuciosamente diseñado para polarizar, movilizar al electorado más radicalizado y normalizar la desprotección de los más débiles presentándola falsamente como una conquista de libertades:

– En la normalización de las adicciones: El mismo truco lingüístico se ha empleado sistemáticamente al abrir salas de venopunción o al financiar puntos de testeo de estupefacientes en festivales de música juveniles. En lugar de combatir el tráfico de drogas o de invertir de manera decidida en planes públicos de prevención y rehabilitación de adicciones, el discurso oficial se centra en «eliminar las barreras del estigma social» o «eliminar trabas institucionales» para que los jóvenes consuman de forma supuestamente «segura». El Estado claudica de su función protectora y se convierte en facilitador del consumo.

– En la Ley Trans y la Eutanasia: Se aplicó exactamente la misma plantilla comunicativa. Para blindar la agenda de la autodeterminación de género, el Ejecutivo exigió «eliminar las barreras médicas y psicológicas», que no eran otra cosa que informes profesionales obligatorios destinados a proteger la salud mental de los menores. Para la regulación de la eutanasia, los comités independientes de control médico pasaron a ser etiquetados despectivamente por los portavoces oficiales como «barreras paternalistas» que coartaban la autonomía del paciente.

Hoy, la diana electoral es el aborto farmacológico en Atención Primaria. Al calificar los protocolos médicos de control, el tiempo obligatorio de reflexión y el acompañamiento especializado como simples «barreras», el Ministerio de Sanidad pretende que la desprotección absoluta de las mujeres y la total vulnerabilidad de la vida naciente sean celebradas por la ciudadanía como un triunfo democrático en vísperas de acudir a votar.

El inquietante espejo del totalitarismo comunista

Esta forma de desregular el aborto y de utilizarlo como bandera de movilización de masas mediante la propaganda estatal no es un invento del progresismo contemporáneo español; hunde sus raíces en los capítulos más oscuros del siglo XX. El ejemplo histórico más directo e incuestionable se encuentra en la Unión Soviética de Lenin. En 1920, la Rusia bolchevique se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el aborto libre y gratuito, precisamente bajo un marco discursivo idéntico: la necesidad de «eliminar las barreras burguesas, religiosas y familiares» que, según el dogma comunista, oprimían a la mujer trabajadora.

Aquella campaña soviética no buscaba la libertad de la mujer, sino la destrucción del tejido familiar tradicional y la supeditación de la vida humana al control absoluto del Estado. El aborto se convirtió en una herramienta de ingeniería social masiva, desprovista de cualquier rastro de ética médica o respeto a la dignidad. Décadas más tarde, en la China de Mao Zedong y durante la posterior implantación forzosa de la «política del hijo único», el régimen comunista volvió a instrumentalizar la eliminación de la vida prenatal mediante agresivas campañas de propaganda estatal en calles, pantallas y vallas públicas. En esos regímenes totalitarios, la vida humana fue degradada a una simple mercancía política, un número contable al servicio de los intereses ideológicos del partido de turno.

El despilfarro económico de la propaganda

Este despliegue ideológico en marquesinas, cartelería digital y redes sociales no sale gratis. El Ministerio de Sanidad puso en marcha esta maquinaria destinando 100.000 euros de dinero público únicamente a los contratos de diseño y producción creativa del anuncio, una cifra a la que hay que sumar el coste real y verdaderamente masivo que supone comprar los espacios publicitarios en las pantallas de las principales ciudades españolas.

La cuantificación de esta estrategia revela una flagrante inmoralidad política y económica. Mientras el sistema público raciona la atención médica o estira las listas de espera, los datos oficiales constatan que la administración gasta hasta 10 veces más en campañas destinadas a promover el aborto que en ayudas directas y recursos económicos para las mujeres embarazadas que desean seguir adelante con su maternidad. Los impuestos de los ciudadanos no se están utilizando para proteger la salud de las familias ni para aliviar la vulnerabilidad de las madres, sino para financiar con cientos de miles de euros la mercadotecnia electoralista de los lobbies que sostienen al Ejecutivo.

Como madre: la denuncia ante la mercantilización y la explotación de la infancia

Frente a este escenario de fría propaganda y cálculos electorales, me resulta imposible guardar silencio. Como madre, me estremece y me llena de una profunda indignación ver cómo mi propia hija, y las hijas de millones de familias españolas, están expuestas a esta burda y cruel mercantilización de sus vidas. Las pantallas y marquesinas de nuestras ciudades, pagadas con el dinero de nuestros impuestos, lanzan mensajes masivos que inducen de forma descarada a las menores de edad a considerar el aborto como si fuera un trámite exprés, un suceso cotidiano desprovisto de trascendencia.

Para colmo de la perversión institucional, toda la iconografía y la ambientación visual utilizada en esta campaña recurre a una estética y a unos rasgos que apelan de forma directa y unívoca al público adolescente. Es escalofriante ver cómo el aparato del Estado diseña una cartelería con rostros que buscan mimetizarse con la apariencia de una menor de edad, persiguiendo de forma deliberada que las niñas de 16 y 17 años se sientan plenamente identificadas. La utilización de esta calculada estética adolescente en la publicidad institucional para normalizar el aborto farmacológico constituye una quiebra ética sin precedentes. Es una instrumentalización intolerable de la juventud: se usa una apariencia de vulnerabilidad y frescura escolar para camuflar el dolor, la soledad del proceso en casa y las secuelas psicológicas que vendrán después.

Esta campaña encierra, además, un profundo menosprecio a la propia sexualidad ordenada de las menores. En lugar de educar a las jóvenes en el respeto a sus propios cuerpos, en la belleza de la afectividad auténtica, en la madurez y en la tremenda responsabilidad que conlleva la transmisión de la vida, el Estado les impone una visión puramente utilitarista y zafia del sexo. Se les enseña que la sexualidad no tiene consecuencias, que el cuerpo es un bien de consumo más y que, si la biología «falla», el sistema público provee un borrador inmediato en forma de fármaco. Con esto, despojan a las niñas de su dignidad, vacían de significado sus relaciones y las abocan a un vacío existencial destructivo.

A una adolescente en un momento de vulnerabilidad, miedo o confusión, el Estado no le ofrece un abrazo, no le ofrece alternativas reales de viabilidad económica, ni políticas eficaces de conciliación familiar, ni un apoyo psicológico que ponga en valor su maternidad. Lo que el Ministerio de Sanidad le ofrece es una pastilla (mifepristona) despachada en su centro de salud ambulatorio para que regrese a su habitación y expulse el feto en la más dolorosa y traumática de las soledades.

Es una absoluta infamia que el Gobierno mutile deliberadamente la verdad de esta manera. Ocultan de forma criminal las secuelas físicas inevitables, el desgarro psicológico devastador del síndrome post-aborto que marcará la salud mental de nuestras jóvenes para siempre, y silencian por completo la realidad más desgarradora: la eliminación irreversible de un hijo abortado, un nieto que nos ha sido arrebatado, una vida humana única, sagrada e indefensa. Han convertido el cuerpo de la mujer, la pureza de su afectividad y la vida de los no nacidos en un objeto de consumo rápido, en un eslogan electoral y en el negocio más lucrativo para los lobbies ideológicos que sostienen sus cuotas de poder.

La campaña publicitaria que hoy inunda España destila un grave fallo de comunicación pública y una profunda misoginia de Estado. Pretender solucionar los problemas sociales y económicos de las mujeres facilitando de forma masiva el fin de sus embarazos en Atención Primaria es el mayor síntoma de la quiebra moral de una administración. La verdadera sanidad pública, la que merecen nuestras familias, es aquella que cuida con el mismo celo de las dos vidas: la de la madre y la de su hijo.

Por todo ello, ante la gravedad de lo que estamos viendo en los espacios públicos y el daño irreparable que se está causando a la conciencia de las generaciones más jóvenes, debemos exigir la retirada inmediata de semejante y perversa utilización de la mujer y de las menores por parte del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Sanidad. No se puede consentir que las instituciones públicas actúen como agentes de desprotección e ingeniería social con quienes más cuidados necesitan. Frente a las urnas del 29 de noviembre y frente al descaro de quienes promueven la cultura del descarte, las madres de este país tenemos la obligación de alzar la voz con firmeza para proteger a nuestras hijas de una maquinaria estatal que pretende dejarlas más solas, más desamparadas y heridas que nunca. Como madre no me callo, ¿tú que vas a hacer?

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