Sanidad pública: 370 eutanasias practicadas en año y medio desde la aplicación de la ley

eutanasias practicadas

El porcentaje sobre el total de defunciones en 2022 (un 0,06%) supone menos de una décima parte de las expectativas que se argumentaron para la aprobación de la norma (entre el 1% y el 4%). Gran disparidad entre CCAA: Navarra, Cataluña, La Rioja y País Vasco las que más han ejecutado esta forma de morir.

Fuente: ABC.es   Autor: JOSÉ RAMÓN NAVARRO-PAREJA

370 eutanasias practicadas en año y medio

No hay datos oficiales. Ni precisos. Dos años después de que entrara en vigor la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), el 25 de junio de 2021, el número de personas que en España han recurrido a esta fórmula para morir rondaría las 370. La cifra, mucho más baja de lo que esperaban quienes promovieron la norma, la facilitó ayer la organización Derecho a morir dignamente (DMD), una de las entidades de defensa de la despenalización de la eutanasia, en una rueda de prensa en su sede de Madrid.

En la misma línea, y según datos facilitados por la entidad, el primero completo en que ha estado en vigor la ley, el total de eutanasias ejecutadas por el sistema sanitario se situó en 295, según las mismas fuentes. Esto supone un 0,064% de los 462.704 fallecimientos producidos en ese año.

Un porcentaje que queda muy lejos del entre el 1% y el 4% de españoles que –según barajaba el Gobierno para justificar la aprobación de esta norma– se acogerían a la eutanasia. Unas cifras muy bajas que, además, no parecen responder en la práctica al amplio apoyo que según las encuestas parece tener la eutanasia, desde el 73,6% del CIS en 2009, al 87% en 2019 de Metroscopia.

Pero, lejos de asumir que la realidad ha frustrado las infladas expectativas con que defendieron la aprobación de esta ley, los partidarios de la eutanasia alegan «problemas técnicos» para justificar que los españoles no soliciten la «muerte digna». Así, señalaron la «falta de colaboración de las entidades privadas» que «no han dado respuesta a solicitudes de eutanasia recibidas», al igual que interpretan un «mal manejo de la objeción de conciencia», y los «plazos excesivos»· en la solicitud, porque, según ellos, los 35 días mínimos que prevé la ley se extienden el algunos momentos hasta 50.

Sin embargo, para Fernando Marín y Fernando Sanz, portavoces de DMD, se trata de «una buena noticia y la constatación de que era una norma necesaria». Ambos se han mostrado confiados en que «la cifra crezca en los próximos años, a medida que este derecho se consolide entre la ciudadanía y mejore la respuesta de los servicios sanitarios». Como han recordado, el porcentaje del 0,064% de las muertes queda «muy alejado del de los países donde el derecho a la muerte asistida está bien asentado».

Y de nuevo señalaron el umbral del entre el 1% y el 4% de eutanasias sobre el total de las defunciones. Unas cifras que, de hacerse realidad, implicarían entre 4.627 a 18.508 fallecidos al año por esta causa. Recordemos que en 2022 fueron 295. Una cifra imposible de comparar con años anteriores, dada la cercanía de la aprobación, pero que si permite –si cruzamos los datos facilitados por DMD este jueves con el estudio realizado por este diario en junio de 2022, comprobar el lento avance de las peticiones.

Así, la evolución en los tres semestres desde que ha entrado en vigor la ley sería de 75 casos en el primero (julio–diciembre de 2021), 105 casos de enero a junio de 2022 y 190 de julio a diciembre del mismo año. Una crecimiento significativo, pero siempre muy lejos de las previsiones iniciales de quienes defendían la necesidad de la ley.

Y desde luego, muy lejos del aluvión de peticiones que esperaban sus partidarios una vez fuera legal. «La implantación va despacio con respecto a otros países cercanos al nuestro que legislaron antes. Pero lo importante es que tenemos el derecho, no importa tanto la cantidad», comentó al respecto Fernando Sanz.

Desde la entidad, favorable a la eutanasia, también han marcado el terreno al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en previsión de que pudiera acceder a la presidencia del Gobierno tras las próximas elecciones. El líder popular afirmó en una reciente entrevista en Onda Cero que la de la Eutanasia se encuentra entre las que tendría que «ver» y «en su caso, ajustar».

Fernando Sanz, uno de los portavoces de DMD, ha advertido a Feijóo que un cambio legislativo de este tipo requiere una mayoría absoluta y ha señalado que según los datos del Barómetro del CIS de enero de 2021, «hasta el 45,5 por ciento de los votantes del PP está de acuerdo o muy de acuerdo con su regulación».

Por último, el portavoz de DMD ha señalado que el cambio político que se podría producir el 23 de julio por las elecciones generales supone un «reto» para la implementación de la Ley. «Nos enfrenta a un problema que es el de la estabilidad de los procesos que ha implantado la regulación. Tenemos que ver hasta qué punto es estable frente a un cambio político», ha destacado.

Navarra, Cataluña, La Rioja y País Vasco a la cabeza

Según el primer informe del Ministerio de Sanidad, publicado en febrero pero referido al periodo entre junio y diciembre de 2021, 32 personas fallecieron mientras tramitaban su solicitud de eutanasia. Murieron, en promedio, 31 días después de empezar el proceso.

En este mismo informe se recoge que hubo 28 solicitudes que nunca llegaron a la Comisión de Garantías y Evaluación de la eutanasia (CGE). Se denegaron 25 solicitudes. Hasta siete personas interrumpieron la tramitación de su eutanasia.

El porcentaje en España, sin embargo, no es homogéneo entre comunidades. Mientras que en Navarra, Cataluña, La Rioja o País Vasco se practicó más de una eutanasia por cada mil fallecimientos (>0,1%), en otros territorios como Murcia, Extremadura o Galicia la muerte asistida tuvo una incidencia diez veces menor, de poco más del 0,01 por ciento.

En concreto, de las 295 eutanasias practicadas en España en 2022, 13 se produjeron en Navarra (0,206% de los fallecimientos); 91 en Cataluña (0,128%); cuatro en La Rioja (0,115%); 24 en País Vasco (0,101%); seis en Cantabria (0,085%); 38 en Madrid (0,076%); nueve en Asturias (0,064%); seis en Baleares (0,063); diez en Canarias (0,053%); ocho en Aragón (0,052%); 26 en Comunidad Valenciana (0,051%); ocho en Castilla-La Mancha (0,038%); 29 en Andalucía (0,036%); diez en Castilla y León (0,031%); tres en Extremadura (0,024%); ocho en Galicia (0,022%); y dos en Murcia (0,015%).

Para DMD, esta es «una disparidad muy acusada, difícil de explicar solo por diferencias socioculturales». Por ello, desde DMD sospechaban que estas diferencias entre CCAA se debía más bien a falta de accesibilidad e implementación. A través de un estudio, han comprobado «grandes desigualdades» entre comunidades autónomas y sugiere que algunas han hecho «un mejor trabajo de implantación» de la Ley.

Además, DMD ha criticado que los informes, tanto de comunidades como del Ministerio, «pasan por alto una gran anomalía que se esconde entre los datos». Mientras que en Bélgica, Canadá o Países Bajos el 80 por ciento de pacientes que recurren a la eutanasia son enfermos terminales, sobre todo de cáncer, que acumula dos de cada tres casos, en España son menos de la mitad. Aquí, las enfermedades neurodegenerativas (ELA, esclerosis múltiple, etc.) predominan en la muerte asistida. Los propios enfermos de ELA han denunciado que la falta de ayudas en el sistema sanitario les aboca a solicitar la eutanasia para no arruinar a sus familias.

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