Paradojas jurídicas del derecho a morir: no es cuestión de conciencia, sino de competencia

A base de afirmar a la vez verdades incompatibles entre sí, se pueden superar quizá momentos difíciles que afectan a la popularidad, pero no detienen su progresiva difuminación, como parece estar sucediéndo al presidente de Francia.

Fuente: ElConfidencialDigital.com   Autor: SALVADOR BERNAL 

No es cuestión de conciencia, sino de competencia

A pesar de su reelección, las heridas de los “chalecos amarillos” distan de estar cerradas; más bien se han agudizado con la crisis de las pensiones y con otros temas en que también su gobierno se ha visto obligado a recurrir al equivalente práctico del decreto-ley.

Emmanuel Macron no esperaba –me parece- la oposición que está suscitando en los últimos meses la futura ley sobre el fin de la vida. Pero sigue confiando en su método de aunar contrarios: prometer nuevos y abundantes recursos para mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos en su tramo final en esta tierra, en la confianza de que allanará las dificultades de quienes no admiten el derecho a la libre disposición de la propia vida.

La cultura occidental conoce momentos de glorificación del suicidio, con un significado sacrificial frente a la condena injusta del inocente. En nuestra juventud conocimos relatos heroicos de muertes como las de Sócrates o Séneca, víctimas de la intolerancia ciudadana o del despotismo imperial: significaban una condena de verdugos injustos.

Sin llegar a ese extremo trágico, la sociedad se manifestaba piadosa ante quien se daba a sí mismo la muerte, incapaz de soportar circunstancias adversas, no necesariamente injustas. En tiempos de codificación jurídica, la evolución de los tipos penales dejó fuera la tentativa de suicidio, pero no los delitos de inducción o cooperación a una muerte voluntaria ajena. La compasión podía ser atenuante, pero no eximente.

En ese contexto, no se contemplaba la existencia de un derecho a darse la muerte que librase de responsabilidad jurídica a personas ajenas que facilitasen la aplicación de ese derecho. Y esta es la gran cuestión que se plantea en estos momentos en Francia, especialmente a partir de un ambiguo dictamen de la Academia de Medicina, que podría admitir el auxilio al suicidio en algún supuesto especialmente grave, reflejando así una ruptura con la tradición hipocrática.

A pesar de esa decisión, la mayoría de profesionales de la medicina y la enfermería, especialmente los dedicados a los cuidados paliativos, se niegan a aceptar el derecho a morir y, más aún, que se les exija aplicar las medidas para hacer efectiva esa pretensión. A su juicio, y especialmente a través de sus cuidados profesionales, deben ayudar a vivir a los pacientes terminales con la mayor calidad de vida posible. No consideran actos médicos los que no ayudan a curar o paliar, sino sólo a morir. Por tanto, entienden que nadie puede exigirles actos que no corresponden a su oficio.

El gobierno de Elisabeth Borne no dispone aún de un proyecto de ley que someter al parlamento. Probablemente incluirá la asistencia al suicidio –sin usar esta expresión, como tampoco la de eutanasia-, junto con promesas grandiosas de cuidados paliativos. Necesitarán una fórmula parecida a la excusa hispánica que introduce una excepción a la condena penal de la inducción o cooperación al suicidio si se cumple lo establecido en la ley reguladora… de la eutanasia.

Pero no parecen dispuestos los facultativos franceses a pasar por la humillación de tener que recurrir a la objeción de conciencia, ni menos aún a la inscripción previa en un registro público de objetores, que poco dice del respeto a su dignidad profesional: no es cuestión de conciencia, sino de que no es de su competencia.

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